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Ciudad de México | 20 Oct 2026 - 10:13hrs
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las familias de personas desaparecidas en México, como víctimas también de la tragedia humanitaria, tendrán que estar en el centro de las decisiones que se tomen en el pleno de la Asamblea de Naciones Unidas al abordarse la solicitud que hizo el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED, por sus siglas en inglés) de brindar un mecanismo de asistencia internacional para el país.
En ello coincidieron expertos internacionales convocados para analizar la aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, siendo la situación de México la que se someterá a debate este martes 20 de octubre en el seno de la Asamblea General, ante la cual el CED rendirá su informe anual.
Durante el foro “Desapariciones Forzadas y las Naciones Unidas”, llevado a cabo en el Church Center of the United Nations, Grazyna Baranowska, integrante del Grupo de Trabajo contra las Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU (GTDFI) y asesora del CED en materia de migración, resaltó que para abordar la crisis de desapariciones en México se requiere “que todas las partes involucradas participen en estos esfuerzos con un espíritu constructivo”.
Al destacar que en abril pasado formó parte de los expertos que respaldaron elevar el caso de México ante la Asamblea General de la ONU, advirtió que para que haya un verdadero avance “no se trata solamente de mandarse cartas, sino actuar con disposición constructiva, con disposición al diálogo y la asistencia técnica y al mecanismo”.
Destacó que el reporte que dio lugar a la decisión de aplicar el artículo 34 de la Convención a México, se derivó del procesamiento de los informes enviados por las familias al CED y al GTDFI, de ahí que se tomó la decisión de buscar una colaboración multilateral para acabar con las desapariciones.
“La asistencia internacional, en nuestra experiencia, se ha demostrado ser muy efectiva, es una herramienta que permite a las agencias de Naciones Unidas apoyar a los países para pensar juntos cómo fortalecer ciertos elementos y cómo cambiar algunas herramientas que se tienen que cambiar”, puntualizó.
Luciano Hazán, exintegrante del CED y del GTDFI, destacó que la decisión el Comité de solicitar asistencia internacional para México, tiene que verse como “una oportunidad” para que “se elabore un procedimiento que sea constructivo, que sea provechoso, que sea eficaz”, al no tener al momento normas que limiten su aplicación.
Resaltó que ante todo la Asamblea General tiene “una obligación ética (…) que es la de escuchar a las víctimas”, como lo son las familias de los desaparecidos dentro de la Tercera Comisión del organismo a la que le corresponde desahogar la petición que hizo el CED, por “una cuestión instrumental y de sensibilización”.
El experto apuntó que con cifras oficiales sobre las desapariciones en México que resultan “abrumadoras”, muestran datos “fríos para quienes no conocen la realidad, no tienen cercanía con este tema”, lo que seguramente ocurrirá con representantes de los Estados que estén presentes en la sesión, ajenos a lo que ocurre en el país.
“Lo que hace falta es sensibilización moral, y para eso es necesario que se conozca el testimonio de las víctimas, pero no a través de eventos paralelos, que son súper importantes, sino a través del mismo procedimiento que yo entiendo que debería diseñar la Tercera Comisión de la Asamblea General, es decir, la participación de las víctimas tiene que ser parte del procedimiento”, insistió el experto.
Abundó que “la Tercera Comisión debería abrir un caso sobre México a partir de esta comunicación, una suerte de expediente sobre México, que incluya como primer aspecto escuchar a las víctimas, por supuesto también escuchar al Estado y seguir escuchando al Comité contra las Desapariciones Forzadas”.
Sin embargo, Luciano Hazán alertó que, ante lo novedoso del mecanismo, también se corre el riesgo de que la Asamblea General desaproveche la oportunidad para atender el problema de desapariciones en México.
“Claramente un error de la Asamblea General sería simplemente tomar una decisión en alguna de las próximas sesiones en relación con la comunicación que le hace el Comité en virtud del artículo 34, por ejemplo, sacando una resolución expresando preocupación.
“Eso, preocupación o condena, eso sería el peor de los escenarios, porque de alguna manera simplemente sacaría una foto pero no haría un seguimiento dinámico”, puntualizó el exintegrante del CED y del GTDFI.
El jurista de origen argentino insistió en aprovechar la oportunidad que ofrece la petición del CED a la Asamblea en torno a México para “hacer que cesen las desapariciones” y promoviendo el fin de la impunidad alrededor de las desapariciones en el país, que es “lo que estamos viendo hace tantos años con el aumento exponencial de víctimas”.
Consideró que la Asamblea General a través de la Tercera Comisión podría retomar experiencias como la de Italia, para el combate a la mafia, para “apoyar a México y a las familias a diseñar procesos de ruptura de la impunidad, tiene que haber un plan concreto, que tenga recursos, que sea diseñado en México, con apoyo de la comunidad internacional, con objetivos claros de una persecución penal a gran escala, con definiciones legales claras en términos de la responsabilidad de los superiores jerárquicos”.
El experto recomendó llevar a cabo un proceso de esta naturaleza con “una absoluta transparencia, publicidad, que justamente tenga este efecto comunicativo de dar el mensaje de que la impunidad se acabó pero al mismo tiempo evitar que se vuelva a arbitrariedades generadas por las fiscalías, por las policías, la tortura de personas presuntamente perpetradores o de testigos que de alguna manera lo que hagan es perpetuar y agravar la situación de impunidad”.
Luciano Hazán fue más allá al señalar que “se podría pensar en mecanismos híbridos, en mecanismos internacionales o locales con apoyo y recursos de la comunidad internacional.”, siendo lo más importante no el modelo a seguir “sino el consenso y la decisión política hacia adentro, tiene que ser decisión política que conforme a las familias, es decir, si el Estado avanza en contra de la voluntad de las familias este proceso no va a suceder”.
La relatora especial de Naciones Unidas sobre la Situación de Defensores, Andrea Bolaños, coincidió en tomar en cuenta a las familias y en particular a las personas buscadoras en el centro del mecanismo que se adopte en la asistencia internacional.
La relatora especial recordó que desde que asumió su mandato, ha pugnado en diversos pronunciamientos públicos porque las personas buscadoras sean consideradas defensoras de derechos humanos, “deberían ser reconocidas como tal, ser protegidas como tales, independientemente de si se identifican o no como personas defensoras”, porque “no se necesita que la persona se auto identifique como persona defensora para ser considerada persona defensora”.
Tras resaltar que “las familias no deben estar obligadas a buscar” a sus seres queridos, Bolaños Vargas reconoció que “México está haciendo algunos esfuerzos por atender estas problemáticas”, pero que aún falta camino por recorrer, sobre todo para que “garanticen la participación constante y la consulta constante con las familias de las personas desaparecidas, porque la responsabilidad de buscar, investigar y garantizar ejercicios corresponde a los estados”.
En el evento se escuchó la voz de familiares de víctimas de desaparición en México, que revelaron sus expectativas para que la Asamblea General instrumente un mecanismo de asistencia internacional, así como la opinión de expertos internacionales que han colaborado en casos concretos con México, como Omar Gómz Trejo, en el caso Ayotzinapa, y Mercedes Doretti, para ese mismo caso y otros más.
El evento fue organizado por la Fundación por la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), Amnistía Internacional, Consultora Solidaria, Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Centro para la Justicia para la Paz y el Desarrollo, Centro de Investigación de Crímenes Atroces, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, Global Witness, entre otras agrupaciones de defensa de derechos humanos.
