- /
México | 12 Sep 2026 - 10:48hrs
Hay dos cifras de esta semana que conviene poner una junto a la otra, porque juntas cuentan una historia que por separado no se ve.
La primera: 140 mil millones de pesos. Es lo que Hacienda calcula recaudar de más en 2027 apretando el cerco fiscal —topes a las deducciones de las grandes empresas, mano dura contra las factureras, controles al ISR—. Es la apuesta central del paquete que Edgar Amador entregó el martes en San Lázaro y la razón por la cual el gobierno puede prometer, con cierta razón, que no habrá nuevos impuestos.
La segunda: el daño que el huachicol fiscal causó a la hacienda pública durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Las estimaciones varían mucho y conviene decirlo: el Observatorio Ciudadano de Energía calculó una pérdida acumulada superior a los 240 mil millones de pesos; Francisco Barnés de Castro, exsubsecretario de Energía, la puso en 521 mil millones; el consultor Ramsés Pech, en el cálculo que Proceso publicó en julio, la estimó en unos 600 mil millones.
Tomen la cifra que quieran. La más conservadora es casi el doble de lo que el Estado va a sacarle en un año entero a las factureras, a los turistas y a los municipios.
Veamos los detalles, de todos modos, porque son instructivos. El SAT informó que desde 2024 ha bloqueado a 38 mil empresas factureras y auditado a casi dos mil personas por comprar comprobantes falsos. Detectó 120 mil empresas que declararon pérdidas tres ejercicios consecutivos. Para 2027 propone un tope de deducciones del 96.67% de los ingresos acumulables. Propone también subir 35% lo que pagan los turistas internacionales por entrar al país. Y a los municipios les quita el ingreso que obtenían de la regularización de autos usados de procedencia extranjera: el cochinito, que en muchos ayuntamientos pequeños era de las pocas cosas que llegaban solas.
Todo eso es razonable. Todo eso es, además, el trabajo que un Estado debe hacer. La pregunta no es si está bien perseguir a un facturero. La pregunta es por qué la persecución empieza siempre por el que no tenía uniforme.
Y ahora la parte que casi nadie ha leído, que está enterrada en la miscelánea y es lo más revelador del paquete completo.
Entre las medidas nuevas, Hacienda propone establecer trazabilidad del IEPS de gasolinas y diésel desde la importación hasta su venta final. Así, con esas palabras. El objetivo declarado: combatir el huachicol fiscal.
Léase despacio, porque es una confesión.
Si a partir de 2027 va a haber trazabilidad, es porque hasta ahora no había. Durante seis años el combustible entró por los puertos mexicanos y nadie —ninguna aduana, ninguna base de datos, ninguna autoridad— podía seguirle la pista desde el barco hasta la bomba. No fue una laguna administrativa que alguien aprovechó. Fue el modelo de negocio. Se declaraba lubricante lo que era diésel, se pagaba lo que no correspondía, y el sistema no tenía manera de saberlo porque el sistema no estaba diseñado para saberlo.
¿Y quién cuidaba los puertos y las aduanas? Desde 2020, la Marina. Fue una de las decisiones de las que López Obrador estuvo más orgulloso: entregarle las fronteras marítimas a los marinos porque eran incorruptibles. Hoy el contralmirante Fernando Farías Laguna está vinculado a proceso por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos, su hermano vicealmirante también está en el Altiplano, y ambos son sobrinos políticos del secretario de Marina de aquel sexenio.
El remate lo puso él mismo, y no hay que agregarle nada. En su sexto informe de gobierno, López Obrador presumió que el combate al huachicol había generado ahorros por 342 mil millones de pesos.
Los ahorros de alguien eran los ingresos de otro.
Hay un argumento de fondo aquí que va más allá de este gobierno y de este paquete, y es el que de verdad debería ocuparnos. México recauda 15.4% del PIB. Es una de las cifras más bajas de la OCDE, muy por debajo de países con la mitad de nuestro ingreso per cápita. Con eso hay que pagar pensiones, salud, educación, seguridad, deuda. Y este gobierno —igual que los anteriores, hay que ser justos— ha decidido que no hará una reforma fiscal de fondo, porque cuesta votos. De modo que la única salida es apretar: fiscalizar más, deducir menos, cobrarle más al turista, quitarle el cochinito al municipio.
Es legítimo. También es una manera de administrar la escasez sin nombrar su origen.
Porque una parte considerable de esa escasez no es estructural: es robada. Y aquí conviene hacer una cuenta que Hacienda no hace. El presupuesto de la Pensión para Adultos Mayores en 2027 es de 543 mil millones de pesos: el programa más grande del Estado mexicano, el corazón simbólico de la Cuarta Transformación, lo que millones de familias reciben cada dos meses. Barnés de Castro ya había señalado la coincidencia: la pérdida por huachicol en el sexenio pasado equivale, casi al peso, a un año entero de esa pensión.
Seis años de contrabando de combustible por un año de pensiones. Ésa es la aritmética.
Hay que reconocer los aciertos del paquete, porque los tiene y sería deshonesto no decirlo. El déficit baja de 4.1 a 3.9% del PIB. Educación crece 10.7%, salud 11.3%, ciencia 13%, campo 20.6%. Y la línea presupuestal para cubrir vencimientos de la deuda de Pemex cae de 263 mil a 81 mil millones de pesos, una reducción del 70% que refleja una mejoría real en el perfil financiero de la petrolera, con regreso a los mercados locales de crédito y mejores calificaciones.
Pero incluso ahí el horizonte es el que es: la propia presidenta reconoció esta semana, con base en un estudio de Hacienda, que el adeudo de Pemex difícilmente podrá liquidarse en 2050 como se había previsto. Dos mil cincuenta. Nadie que hoy discuta este presupuesto va a estar vivo para verlo cerrado.
De modo que el paquete de 2027 hace lo que puede: audita al que compró una factura falsa, le cobra 35% más al turista que llega a Cancún, le retira al alcalde de un municipio pobre el único ingreso que administraba con cierta libertad, y le pone por fin un sello a cada litro de diésel que entra por Veracruz. Todo correcto. Todo tarde.
En 2027, cada litro será rastreable desde el puerto hasta la bomba. Más vale tarde. Sólo conviene recordar, cuando se vote el presupuesto en las próximas semanas, cuánto costaron los seis años en que no lo era, y quiénes cuidaban la puerta.
Están en el Altiplano. Los estamos pagando nosotros.
