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Xalapa | 24 Sep 2026 - 19:08hrs
XALAPA, Ver., 24 de septiembre de 2026.— A menos de 24 horas de concluir su gestión al frente del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), Delia González Cobos informó que la revisión de la Cuenta Pública 2025 no arrojó presunto daño patrimonial en las secretarías del Gobierno estatal, mientras que las observaciones financieras se concentraron principalmente en los ayuntamientos y, en menor proporción, en organismos públicos descentralizados y la Universidad Veracruzana.
Entrevistada al término de la Guardia de Honor del ORFIS en el parque Miguel Hidalgo, conocido como Los Berros, en Xalapa, González Cobos hizo un balance tanto de los resultados de la fiscalización como de los siete años de su administración, que concluirá este viernes 25 de septiembre.
Los resultados entregados esta semana al Congreso del Estado establecen un probable daño patrimonial global por 2 mil 756 millones 231 mil 698 pesos en la Cuenta Pública 2025. De ese monto, aproximadamente 2 mil 709 millones corresponden a 181 ayuntamientos, por lo que el ámbito municipal concentra prácticamente la totalidad de los recursos observados.
Sin daño patrimonial en secretarías del Gobierno estatal
Uno de los aspectos que González Cobos destacó fue el resultado correspondiente a la administración pública estatal. De acuerdo con la auditora, ninguna Secretaría de Estado resultó con presunto daño patrimonial, mientras que las observaciones con posible afectación económica se ubicaron en organismos públicos descentralizados.
Los datos generales de la fiscalización reportan alrededor de 4.2 millones de pesos de probable daño patrimonial en entes estatales, una cantidad considerablemente menor frente a los más de 2 mil 700 millones observados en municipios.
“Por lo cual quiere decir que hay un buen manejo en las finanzas”, consideró la titular del ORFIS al referirse específicamente a la ausencia de daño patrimonial en las secretarías.
En el caso de la Universidad Veracruzana, González Cobos señaló que la observación es reducida y estaría relacionada con una falta de comprobación por alrededor de 200 mil pesos, cantidad que todavía puede ser aclarada dentro de las etapas previstas por la fiscalización.
Las observaciones del ORFIS constituyen resultados de auditoría sujetos a procedimientos posteriores de aclaración y solventación, por lo que un probable o presunto daño patrimonial no representa, por sí mismo, una responsabilidad administrativa o penal definitivamente acreditada.
Cambio de alcaldes disparó problemas de comprobación
La situación es distinta en los municipios. La revisión de la Cuenta Pública 2025 encontró observaciones en 181 ayuntamientos, que en conjunto acumulan alrededor de 2 mil 709 millones de pesos de probable daño patrimonial.
González Cobos explicó que una parte importante de las complicaciones surgió durante los procesos de transición entre las administraciones municipales salientes y entrantes.
A pesar de que el ORFIS impartió capacitación a ambos grupos antes del relevo, nuevamente se presentaron dificultades relacionadas con la entrega de documentación y su debida certificación.
“Lo que se da cuando hay un cambio de administración es justamente ese cambio, porque no siempre hay la comunicación debida entre el entrante y el saliente y eso genera retrasos en la entrega de documentación, en la certificación que deben hacer de los documentos para que sean válidos ante el Órgano de Fiscalización”, explicó.
La auditora reconoció que se trata de una problemática que ya había ocurrido en transiciones anteriores y que volvió a presentarse pese a las acciones preventivas.
Tantoyuca encabeza los montos observados
Entre los municipios con las cifras más elevadas aparece Tantoyuca, al norte del estado, al que el Informe de la Cuenta Pública 2025 atribuye un probable daño patrimonial de 148 millones 427 mil 493 pesos.
Con esa cantidad, Tantoyuca ocupa el primer sitio entre los municipios con mayores montos observados, seguido por Santiago Tuxtla, con 86.4 millones; Ixhuatlán de Madero, con 70.2 millones; Coscomatepec, con 69.2 millones, y Catemaco, con 65.7 millones de pesos.
En Tantoyuca, las observaciones abarcan tanto aspectos financiero-presupuestales como obra pública y suman 77 señalamientos dentro del informe de fiscalización.
Respecto de los entes que entregaron tardíamente información de la Cuenta Pública, González Cobos explicó que cuando la documentación llega fuera de los tiempos establecidos puede resultar materialmente imposible realizar la revisión correspondiente, por lo que corresponde al Congreso del Estado determinar las acciones procedentes.
ORFIS sostiene que cumplió con la capacitación
Ante los cuestionamientos sobre por qué persisten irregularidades municipales pese a las capacitaciones, González Cobos sostuvo que el organismo cumplió con las obligaciones que legalmente le corresponden.
“Habrá que atender el tema, me parece que desde otro punto de vista, porque por parte del ORFIS cumplimos lo que señala el artículo 9 de la Ley de Fiscalización. Esta parte de insistir en la capacitación tiene un respaldo en ley y nosotros hemos cumplido”, afirmó.
El siguiente paso dependerá de la aprobación de la Cuenta Pública por parte del Congreso local. Posteriormente comenzarán los requerimientos a los entes fiscalizables para que aporten documentación y formulen las aclaraciones correspondientes.
La auditora explicó que los asuntos pasarán por los procedimientos de investigación y que, cuando las observaciones sean debidamente aclaradas, podrá emitirse el correspondiente acuerdo de conclusión y archivo.
“Dejamos un órgano de fiscalización distinto”
La entrevista en Los Berros también sirvió como balance final de la gestión de González Cobos.
“Dejamos un órgano de fiscalización distinto al que encontramos”, expresó.
La auditora aseguró que durante su administración el organismo avanzó en modernización tecnológica y desarrolló procedimientos internos que permitieron agilizar las tareas de fiscalización y disminuir el empleo de recursos.
No obstante, reconoció que la institución todavía tiene una nueva frontera tecnológica por explorar: la inteligencia artificial.
“Adoptamos la tecnología y pensamos que todavía falta un poco más con lo de inteligencia artificial, pero también para eso es necesario contar con otros recursos”, señaló.
El propio ORFIS reportó previamente que durante 2025 realizó 572 auditorías integrales y 824 revisiones y evaluaciones, un volumen 15 por ciento superior al del año anterior, dentro de la estrategia de fortalecimiento de sus procesos de fiscalización.
181 denuncias presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción
Al hacer el recuento de los procedimientos promovidos durante su administración, González Cobos reveló que el ORFIS presentó 181 denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
La funcionaria hizo énfasis en que la cifra debe interpretarse correctamente, pues no significa que actualmente existan 181 asuntos en exactamente la misma situación jurídica.
“Presentamos 181 denuncias. Sin embargo, y esto sí quiero aclararlo porque luego parece que los números no cuadran, de esas 181 denuncias la Fiscalía Anticorrupción ha trabajado, ha iniciado la judicialización, han procedido algunos casos, según tengo entendido”, explicó.
Al mismo tiempo, dijo, el ORFIS mantiene abierta la vertiente administrativa para continuar recibiendo y analizando aclaraciones relacionadas con observaciones pendientes.
Por ello, algunos expedientes pueden cerrarse posteriormente cuando el órgano fiscalizador determina que existen elementos suficientes para emitir acuerdos de conclusión y archivo.
Información publicada este jueves sobre el balance final de la auditora coincide en que 181 denuncias fueron presentadas durante su gestión, mientras que la Cuenta Pública 2025 dejó un probable daño patrimonial superior a 2 mil 756 millones de pesos.
Deja en suspenso su futuro después del ORFIS
A pocas horas de abandonar el cargo, González Cobos también fue cuestionada sobre su futuro profesional y la posibilidad de incorporarse a la actividad política o aceptar eventualmente una candidatura.
La auditora optó por no adelantar decisiones.
“Primero vamos a esperar que yo salga. Ya luego les platico”, respondió.
Ante la insistencia de los reporteros y el recordatorio de que este viernes concluye formalmente su gestión, respondió: “Mañana nos vemos”.
De esta manera, González Cobos evitó confirmar acercamientos con fuerzas políticas y dejó cualquier definición sobre su siguiente etapa para después de separarse formalmente del ORFIS.
Confía en que Congreso elegirá adecuadamente a su sucesor
Finalmente, fue cuestionada sobre el proceso que desarrolla el Congreso del Estado para designar a la persona que ocupará la Auditoría General.
González Cobos evitó pronunciarse a favor de un aspirante en particular. Señaló que no conoce con suficiente profundidad todos los perfiles y reconoció que entre quienes buscan sucederla existen características distintas que los legisladores deberán valorar.
Destacó que existe participación femenina en el proceso y, al mismo tiempo, reconoció que otros aspirantes poseen conocimientos en materia de fiscalización, experiencia profesional y conocimiento del funcionamiento interno del ORFIS.
“Hay una mujer, entonces yo pensaría que podría hacer muy buen papel. Pero también entiendo que hay señores que tienen los conocimientos, que han estado en el medio y que conocen el ORFIS; entonces, también esa es una ventaja”, declaró.
Será el Congreso del Estado el encargado de tomar la decisión definitiva sobre la nueva titularidad del órgano fiscalizador.
“Creo que los diputados tendrán que hacer ahí una tarea que yo creo que va a salir bien”, concluyó González Cobos.
Así, a unas horas de terminar su encargo, Delia González Cobos cierra su gestión con 181 denuncias presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción, una Cuenta Pública 2025 con más de 2 mil 756 millones de pesos en probable daño patrimonial —concentrado fundamentalmente en los municipios— y el relevo de la Auditoría General en manos del Congreso de Veracruz.
