Ciudad de México - EE.UU. acusa al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de vínculos con el narco / Agencias Noticias
Ciudad de México | 30 Abr 2026 - 09:36hrs
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó a una decena de funcionarios mexicanos, entre los que se incluye el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, vinculándolos con delitos relacionados con el narcotráfico y armas.
Por medio de un comunicado el miércoles 29 de abril de 2026, se indicó que los acusados ??presuntamente habrían conspirado con líderes del Cártel de Sinaloa, facción Los Chapitos, para importar grandes cantidades de drogas a los Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.
Además de Rocha Moya, los otros señalados por Estados Unidos son el senador Enrique Inzunza Cazarez; Enrique Díaz Vega; Dámaso Castro Zaavedra; Marco Antonio Almanza Aviles; Alberto Jorge Contreras Nuñez, alias Cholo; Gerardo Mérida Sánchez; José Antonio Dionisio Hipólito, alias Tornado; Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán, alias Juanito.
Dicho caso fue asignado a la jueza federal de distrito Katherine Polk Failla.
“El Cártel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas”, declaró el fiscal federal Jay Clayton.
“Como lo revela la acusación, el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones de narcotráfico similares no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos a sueldo. El apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al tráfico mortal de drogas debe terminar. Que estas acusaciones envíen un mensaje claro a todos los funcionarios del mundo que colaboran con narcotraficantes: sin importar su cargo o posición, estamos comprometidos a llevarlos ante la justicia”, puntualizó.
Por su parte, el director de la DEA, Terrance Cole, detalló que “el Cártel de Sinaloa no solo trafica drogas letales, sino que es una organización terrorista designada que se vale de la corrupción y el soborno para fomentar la violencia y el lucro”.
“Esta acusación formal revela un esfuerzo deliberado por socavar las instituciones públicas y poner en riesgo la vida de los estadounidenses. Los acusados presuntamente utilizaron sus cargos de confianza para proteger las operaciones del cártel, facilitando así el ingreso de drogas letales a nuestro país. Nadie está por encima de la ley. Agradecemos a nuestros socios estadounidenses y mexicanos que eligen la integridad a diario y nos apoyan para salvaguardar a nuestras comunidades. Juntos, continuaremos ejerciendo una presión constante contra el Cártel de Sinaloa y las redes que lo respaldan para proteger al pueblo estadounidense y salvar vidas”, puntualizó el funcionario.
¿Cuáles son las penas que alcanzarían los 10 funcionarios mexicanos, entre ellos Rocha Moya?
Se apuntó que los cargos que figuran en la acusación formal son meras acusaciones, y los acusados se presumen inocentes a menos que se demuestre su culpabilidad. Estas son las penas que alcanzarían los 10 señalados por EE.UU.
Rubén Rocha Moya (76 años, gobernador de Sinaloa): Acusado de conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, así como conspiración para poseer dicho armamento. Se enfrenta a una pena mínima de 40 años de cárcel y una máxima de cadena perpetua.
Enrique Inzunza Cázarez (53 años, senador mexicano y exsecretario general de Sinaloa): Imputado por conspiración para importar narcóticos y delitos relacionados con la posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. La pena establecida es de un mínimo de 40 años hasta cadena perpetua.
Enrique Díaz Vega (50 años, exsecretario de Administración y Finanzas): Enfrenta cargos por conspiración para la importación de narcóticos, además de la posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos explosivos. Su sentencia potencial varía desde los 40 años de cárcel hasta la cadena perpetua.
Dámaso Castro Zaavedra (54 años, fiscal general adjunto de Sinaloa): Acusado de participar en la conspiración para importar narcóticos y de cargos por posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. Enfrenta una pena mínima de 40 años y una máxima de cadena perpetua.
Marco Antonio Almanza Avilés (54 años, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa). Los cargos incluyen conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos. La sanción prevista es de un mínimo de 40 años de prisión hasta la cadena perpetua.
Alberto Jorge Contreras Núñez, alias Cholo (45 años, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa): Imputado por conspiración para importar narcóticos y delitos de armas que incluyen ametralladoras y dispositivos destructivos. Se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 40 años y una máxima de cadena perpetua.
Gerardo Mérida Sánchez (66 años, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa): Acusado de conspiración para la importación de narcóticos y posesión de ametralladoras, artefactos explosivos y dispositivos destructivos. La pena potencial es de 40 años de cárcel como mínimo, pudiendo llegar a cadena perpetua.
José Antonio Dionisio Hipólito, alias Tornado (55 años, exsubdirector de la Policía de Sinaloa): Enfrenta cargos por conspiración para importar narcóticos y posesión de ametralladoras y artefactos explosivos. La sentencia oscila entre un mínimo de 40 años y la cadena perpetua.
Juan de Dios Gámez Mendívil (41 años, alcalde de Culiacán): Imputado por conspiración para la importación de narcóticos y delitos de armas pesadas, incluyendo ametralladoras y explosivos. Su pena mínima obligatoria es de 40 años, con un máximo de cadena perpetua.
Juan Valenzuela Milán, alias “Juanito” (35 años, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán): Además de los cargos de conspiración de narcóticos y posesión de ametralladoras y explosivos, enfrenta cargos por secuestro con resultado de muerte y conspiración para cometer dicho secuestro. Debido a la gravedad de estos delitos adicionales, su sentencia máxima no se limita a la cadena perpetua, sino que los cargos específicos de secuestro mortal conllevan sanciones adicionales severas bajo la ley de EE.UU.
